El Concejo municipal sancionó la ordenanza que establece un sistema de control para detectar y denunciar operaciones sospechosas de lavado de dinero sucio. La norma se integró de propuestas unificadas entre diferentes bloques, luego de intensas deliberaciones que llegaron hasta último momento.
La aprobación del Sistema de Control Económico Financiero fue unánime en general, pero con disensos en lo particular, en lo puntual, del espacio peronista en el parlamento chico.
El interbloque del Frente de Todos criticó algunos puntos de la ordenanza aprobada tras un acuerdo entre el gobierno de Pablo Javkin y los bloques de Ciudad Futura y Juntos por el Cambio.
Para la titular del Concejo, María Eugenia Schmuck, la herramienta representa una mejora en el poder fiscalizador del Estado local.
La ordenanza establecerá un sistema de alertas de irregularidades que permitirá trabajar de manera coordinada con otros entes estatales mediante la firma de convenios específicos para la cruza de información. Schmuck destacó que “podremos evaluar la transparencia en las operaciones como inversiones inmobiliarias, guarderías náuticas, financieras, bares, comercios de armería, entre otros; colaborando así con información a la justicia para cortar el flujo del dinero de organizaciones criminales”, sostuvo.
Va a permitir a todas las áreas de la administración pública, detectar el posible lavado de activos, estableciendo la obligación de presentar toda la documentación respaldatoria del origen de los fondos y antecedentes de las inversiones que se realicen en nuestra ciudad.
Además, se amplían los rubros a controlar, apuntando a aquellos que por su naturaleza permiten disfrazar flujos, a través del uso de instrumentos financieros de fácil liquidez, y que son los caminos que toman estos grupos para ocultar el origen de sus fondos.
Se pone a disposición información ordenada, digitalizada y sistematizada para que la justicia y la policía actúen. Y establece de principio a fin un procedimiento de actuación para la detección e investigación de los casos de operaciones sospechosas a través de un sistema de alerta, que, en caso de detectarse alguna irregularidad, la agencia elevará esa información a la justicia y a la unidad de control económico y financiero.
Reparos
Desde el interbloque peronista (Fernanda Gigliani, Norma López, Julia Irigoitia, Marina Magnani, Lisandro Cavatorta y Silvana Teisa), se acompañó la iniciativa pero con diferencias.
Para los concejales, las medidas planteadas para controlar el lavado de activos no constituyen un sistema de alerta despersonalizado e incorruptible. “Hace años que veníamos reclamando por la conformación de una norma efectiva, mejor a la actual y que permita crear un sistema de alerta digital y despersonalizado para controlar el blanqueo”, explicaron.
“Fuimos los primeros en insistir con la reglamentación de la ordenanza aprobada en el Concejo en 2014. Se tomaron dos años y medio para hacerlo. Cuando finalmente se ejecutó desnaturalizaron el espíritu de la norma. Mónica Fein y Pablo Javkin son los que tendrán que explicar qué hicieron desde que se aprobó la ordenanza. Pedimos que proyectos como el Hotel Sheraton en Puerto Norte o las obras en el Club MOP de la Costa Central pasen por el tamiz de esta ordenanza y nunca se nos acompañó. El proyecto nuevo que se aprobó, a excepción de la conformación de una Agencia, no aporta nada nuevo a lo que está en vigencia desde el año 2014”, afirmaron desde el interbloque del Frente de Todos.
Rosario ya tiene una ordenanza que establece mecanismos de control para evitar el lavado de activos. “Lamentablemente a lo largo de estos años no hubo voluntad política de aplicar la norma. Quienes gobernaron creyeron que estos controles ahuyentaban inversiones. Por lo tanto la cuestión es si con la vigente o con otra normativa quien gobierne va a tener la voluntad política de aplicarla”, advirtieron.
Para los ediles, la conformación de Alertas Sospechosas y el protocolo de actuación que se pondrán en práctica a partir de lo aprobado en el Concejo “no es nada que no hubiese podido implementarse con un Decreto Reglamentario”.
Por su parte, en cuanto a la conformación de la Agencia de Control, explicaron que bastaría con una Ordenanza adicional para su conformación. “Se creaba una oficina o dependencia que se aboque a filtrar estas alertas. Era un proceso mucho más sencillo y donde las cosas estarían más claras y no se expondría tanto a los trabajadores municipales como lo hace la actual iniciativa. “Creemos que buscaron una respuesta rápida a una situación que Rosario viene padeciendo desde hace años. Las organizaciones criminales, muchas veces, están asesoradas por abogados, contadores y escribanos para sortear los filtros y controles estatales. Entiendo que lo que debimos hacer es despersonalizar el control y crear un sistema digitalizado de alertas para prevenir el lavado. A partir de ahora, que las alertas queden definidas por la decisión de las personas, conlleva el riesgo de caer en fallas, amenazas y hasta intentos de corrupción. Una Agencia debe ser un ente público, descentralizado, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía de gestión”, afirmaron.
Entre los reparos planteados en la aprobación de la ordenanza, el interbloque manifestó que el proyecto no explica qué se entiende por lavado de activos, tampoco detalla los pasos del protocolo ni protege al empleado público que deberá ejercer el control de las inversiones.
Para los ediles, se debió crear un registro de Reportes de Alertas Sospechosas, que debería contener todos los reportes que la Agencia reciba. “La agencia que se crea con esta ordenanza trabajará con total discrecionalidad y siguiendo órdenes de los distintos ejecutivos de turnos, dejando margen para la discrecionalidad de funcionarios que son parte del poder ejecutivo local”, afirmaron.
Los ediles dudan de que la norma sea lo suficientemente precisa para que no haya discrecionalidad, arbitrariedad, clientelismo o colusión. “Creemos que esto último no se garantiza con el formato de Agencia que se quiere implementar. Pero no vamos a obstruir. Hasta esta normativa errónea, en parte, es mejor que no tener normativa anti lavado. Por eso vamos a acompañamos la votación en general, asumiendo el compromiso de realizar el seguimiento exhaustivo de su aplicación a todos por igual y de controlar a los que controlan de una aplicación imparcial del instrumento”, advirtieron.